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POR MÁS VIGILANCIA PRIVADA

El incremento de los hechos delictivos y el consecuente temor a la victimización resultan ostensibles en toda América latina, aun con las diferencias socioeconómicas de cada país que presenta situaciones dispares. La Argentina, por cierto, no es la excepción.

Las estadísticas oficiales, en efecto, reflejan esa realidad: los requerimientos de seguridad privada en la región registran una tasa de crecimiento anual del 7 por ciento, en tanto que en nuestro país alcanza el 5 por ciento.

En ese sentido, en la Argentina se verifica la presencia de 1 vigilador privado cada 273 habitantes; en Uruguay, 1 cada 269, y en Chile 1 cada 171.

EL QUIEBRE DE LA SEGURIDAD

Desde una perspectiva psicosocial, atravesamos en nuestro país una pandemia en el sentimiento de inseguridad, según coinciden en advertir los especialistas en la materia en un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Esa situación provoca anomia, con ruptura de los lazos de solidaridad y de apoyos mutuos. Se exacerba la desconfianza hasta el quiebre de la solidaridad comunitaria, se tiende a evitar el uso de los espacios públicos y se extiende el temor a convertirse en víctima.

Las consecuencias de los hechos delictivos y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el miedo a la victimización reducen considerablemente el bienestar y constituyen una amenaza al desarrollo: distorsionan la asignación de gastos públicos y privados, generan daños y pérdidas irreparables, alterando, además, nuestras rutinas diarias.

EL VIRUS DE LA INSEGURIDAD

Es verdad que en estos días pandémicos a muchos argentinos los embarga el miedo de contagiarse del Covid-19 y entonces adoptan medidas preventivas. Muchos temen, además, por los efectos negativos que este fenómeno epidemiológico ha provocado sobre la economía. Sin embargo, el virus de la inseguridad, que se propaga de manera inquietante, hace estragos y su daño es también considerable.

El miedo a al delito, en sus distintas formas, es compartido mayoritariamente por todas las clases sociales: 9 de cada 10 connacionales se consideran potenciales víctimas de la delincuencia.

De ahí la necesidad de ser precavidos en ese sentido y, por lo tanto, el incremento en la demanda de vigilancia como un antídoto, por así decirlo, frente a un contexto de excepcionalidad que ha generado situaciones incluso de mayor riesgo.