En contextos socioeconómicos disímiles, los requerimientos de seguridad privada en América latina registran una tasa de crecimiento anual del 7 por ciento, dos puntos por encima de lo que se verifica particularmente en la Argentina, donde esta modalidad de protección se ha extendido en proporción directa al déficit de la cobertura estatal.

Colombia, Brasil, Chile y Uruguay muestran una mayor demanda de este tipo de prestaciones, con una creciente participación de los guardas privados como auxiliares frente a la seguridad como bien público.

Por caso, en Chile existe 1 vigilador por cada 171 personas; y en Uruguay, 1 cada 269. En nuestro país, se verifica la presencia de 1 guardia privado cada 273 habitantes.