La participación de los vigiladores privados para fortalecer la seguridad integral comunitaria, particularmente en tareas de prevención y control, crece día tras día en la provincia de Córdoba.
Ello es así, sobre todo, por cierto, en la capital y en ciudades del interior de mayor expansión urbana, como acontece, por caso, con Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Carlos Paz y Bell Ville, entre otras, adonde las necesidades de custodia complementaria a las prestaciones de las fuerzas policiales se han incrementado en proporción directa al aumento de los hechos delictivos que atentan contra personas y bienes.
Sobre un total de 12.000 vigiladores privados, 7.200 (60 %) brindan prestaciones en instituciones de distinta naturaleza, organismos públicos y privados, así como también en empresas.
Alrededor de 4.800 guardias (40 %) se desempeñan en doscientos countries y barrios cerrados distribuidos a lo largo y ancho del territorio provincial.
Por fuera de ese esquema organizado bajo la habilitación del Ministerio de Gobierno de la Provincia para brindar el servicio de seguridad privada, se cuentan 7 mil vigiladores que trabajan sin autorización oficial, la mitad de los cuales son “rondines”; el resto se trata de policías retirados o exonerados de la fuerza, a quienes la ley les impide formar parte de una organización que brinde servicios de vigilancia.
El concurso de los guardias complementa la labor que ejercen 17.500 policías efectivamente activos.