La participación de los vigiladores privados para fortalecer la seguridad integral comunitaria, particularmente en tareas de prevención y control, crece día tras día en la provincia de Córdoba.
Ello es así, sobre todo, por cierto, en la capital y en ciudades del interior de mayor expansión urbana, como acontece, por caso, con Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Carlos Paz y Bell Ville, entre otras, adonde las necesidades de custodia complementaria a las prestaciones de las fuerzas policiales se han incrementado en proporción directa al aumento de los hechos delictivos que atentan contra personas y bienes.
Aproximadamente 7.200 vigiladores privados brindan prestaciones en instituciones de distinta naturaleza, organismos públicos y privados, así como también en empresas. Alrededor de 4.800 guardias se desempeñan en doscientos countries y barrios cerrados distribuidos a lo largo y ancho del territorio provincial. Esto es: sobre un total de 12.000 vigiladores registrados, el 60 por ciento corresponde al primer segmento y el 40 por ciento cumple funciones en las dos tipologías de urbanizaciones.
Por fuera de ese esquema organizado bajo la habilitación del Ministerio de Gobierno de la Provincia para brindar el servicio de seguridad privada, se cuentan 7 mil vigiladores que trabajan sin autorización oficial, la mitad de los cuales son “rondines”; el resto se trata de policías retirados o exonerados de la fuerza, a quienes la ley les impide formar parte de una organización que brinde servicios de vigilancia.
El concurso de los guardias complementa la labor que ejercen 17.500 policías efectivamente activos.