LA SEGURIDAD PRIVADA FRENTE A LA NUEVA LA LEY

Para regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada y “articularla” con el sistema público, el Gobierno provincial presentará un nuevo marco normativo para la actividad.
 
Aproximadamente 12 mil personas, entre guardias de empresas, asociados de cooperativas de trabajo y rondines estarán incorporados a la vigilancia ciudadana. En ese orden, la Secretaría de Seguridad de la Provincia los obligará denunciar a la Policía situaciones sospechosas y delitos flagrantes, aunque estos ocurran fuera de su ámbito de vigilancia.
 
En el proyecto se establece que los vigiladores privados y rondines barriales deberán “cooperar y asistir” con las fuerzas de seguridad, y quedarán obligados a “denunciar delitos de acción pública” que detecten, aunque estos ocurran fuera del ámbito en el que están contratados.
 
“Este proyecto de ley tiene como desafío garantizar las acciones de articulación entre lo público y lo privado. Estamos construyendo un nuevo paradigma que convertirá a la seguridad privada en el auxiliar más significativo del sistema preventivo actual”, afirma el secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak.
 
Hace trece años, la Legislatura sancionó la ley 9.236, que fijó las obligaciones para las empresas de seguridad. Ahora, será reemplazada por este nuevo marco regulatorio.
 
La normativa establece que los rondines que prestan servicios de vigilancia barrial de manera informal, accedan a una autorización renovable cada dos años, y que también tengan –al igual que los vigiladores privados–, el nivel secundario aprobado y un prontuario sin antecedentes.
 
El proyecto de ley restringirá su accionar “a la vía pública, y en el radio previamente denunciado” a las autoridades. Al igual que los vigiladores que trabajen en relación de dependencia o se desempeñen en una cooperativa, los rondines deberán contar con un sistema de comunicación validado por la Dirección de Prestadores de Empresas de Seguridad.
 
“De manera paralela a la profesionalización del guardia privado, buscamos darle seguridad jurídica a quienes contraten cualquier servicio de seguridad privada”, dijo Hak. En este marco, el vigilador unipersonal deberá validar sus antecedentes cada dos años, tal como lo hace el guardia que trabaja para una empresa o cooperativa.