La criminalidad oficialmente registrada y las sensaciones subjetivas acerca de si existe un mayor o menor grado verificable de hechos delictivos acercan a las distintas clases sociales, cuyas divisiones, al parecer, no pasan por el tema de la seguridad, sino por estatus económico.
Más arriba o más abajo de la estructura social, aun con las diferencias de condiciones y estilos de vida, la mirada sobre el delito y sus consecuencias probables, los peligros, las amenazas, los riesgos y los temores, son coincidentes.
El temor se desencadena como producto de un flagelo social en un contexto en que nadie se considera exento de ser una víctima eventual, en una sociedad ganada por la violencia. Eso sí: las diferencias de recursos económicos se correlacionan con las posibilidades de algunos sectores de contratar servicios de vigilancia, prevención y control, allí donde no existen suficientes garantías por parte de las fuerzas policiales.
Esas conclusiones se desprenden del informe “Victimización e inseguridad subjetiva en la población urbana de la Argentina”, elaborado por la Universidad Católica Argentina.
Basado en una encuesta nacional realizada por esa casa de altos estudios, el relevamiento indica a ese respecto que se trata de un problema común a todos los ciudadanos, si bien en el caso de los sectores pudientes se comprueban diferencias de escala, incluso cuando las modalidades criminales sean similares.