El incesante aumento de la delincuencia oficialmente registrada es un dato evidente, que objetiva una situación real de la vida cotidiana, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.
A ese orden, la estadística sobre distintas variantes de hechos delictivos verificados en segmentos socioeconómicos de diferente nivel contrasta con las sensaciones de inseguridad, ese expediente remanido al que apelan una y otra vez los gobiernos de turno.
Por eso mismo, hay cada vez más motivos para necesitar de los vigiladores privados. La inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos sociales más preocupantes y de mayor relevancia, en un contexto en que el Estado, por mucho que se esfuerce en el ejercicio del monopolio de la fuerza, no alcanza a garantizar, sin embargo, la cobertura integral para la protección de personas y de bienes.
Al fin de cuentas, lo que se pretende justificar, aunque finalmente resulte en vano, la insuficiencia de las fuerzas policiales para prevenir las situaciones de riesgo de las que se prevalecen los malhechores, a falta de vigilancia y control oficiales.