La inseguridad como sensación se exacerba toda vez que al Estado, que ostenta el ejercicio del monopolio de la fuerza, no le resulta posible garantizar la cobertura integral para la protección de personas y de bienes.
El incremento de la delincuencia oficialmente registrada (y que se verifica en distintos segmentos socioeconómicos) es un dato evidente, que objetiva una situación cotidiana real, más allá y por encima de la percepción subjetiva, que puede ser más o menos aproximada respecto de lo que ocurre en ese sentido.
Relevamientos nacionales y provinciales coinciden en señalar que la inseguridad se ha convertido en unos de los asuntos sociales más preocupantes y de mayor relevancia, acaso porque guarda una relación directa con la calidad de vida.
Correlativamente, los servicios de vigilancia, prevención y control privados se han vuelto tanto más necesarios en espacios o lugares públicos y privados. No cualquier prestación, por cierto, sino aquella que esté garantizada por guardias formados profesionalmente, calificados por su elevada capacitación. Tampoco cualquier organización, sino la que acredite firmeza jurídica, transparencia institucional, así como también documentación fiscal y administrativa en regla.